ENFOQUE

La revolución digital ha trastocado una parte importante de la normativa tradicional. Ha condenado a la obsolescencia a modelos de negocio consolidados, creado nuevas formas de interacción entre empresas y consumidores, y ha alumbrado una nueva generación de gigantes corporativos. La manera en la que estos cambios están transformando nuestra economía es fuente tanto de esperanza como de preocupación para los responsables de elaboración de políticas.

Esperanza porque la pujanza de la innovación que viene caracterizando la era de la información es innegable: hoy por hoy, las nuevas tecnologías están al alcance de todos los consumidores y de todas las empresas. Y aunque las economías han tenido que afrontar vientos en contra, incluidas las consecuencias de la pandemia del coronavirus, el auge de los mercados digitales ha venido marcado por la aparición de nuevas oportunidades. Y las tecnologías de última generación pueden ayudar a prolongar esta tendencia.

Al mismo tiempo, existe preocupación por los posibles efectos perniciosos de la transformación de los mercados digitales sobre la competencia, y, consecuentemente, sobre las perspectivas de innovación a futuro. Y en el epicentro de esta transformación están las plataformas online. Se trata de un modelo económico que ha hecho posible que aparezcan algunas de las empresas de mayor éxito del siglo XXI. Plataformas capaces de interconectar usuarios para dar forma a nuevos modelos de comercio, herramientas de comunicación, redes sociales e imperios de publicidad online.

Pero la naturaleza de estas plataformas se ha convertido en fuente de preocupación para los responsables de elaboraciones de políticas. A medida que la economía digital ha ido madurando, un reducido número de empresas han ido consolidándose tanto en tamaño como en capacidad de influencia. Empresas que, con frecuencia, conectan diferentes negocios de plataformas para configurar potentes ecosistemas, convirtiéndose en los guardianes que controlan el acceso de casi la totalidad de participantes en la economía digital.

A agua pasada, se trata de un resultado que no debería sorprendernos. Las leyes de la economía que rigen en los mercados digitales fomentan el crecimiento rápido y la concentración del éxito en un puñado de empresas ganadoras, a medida que las economías de escala y los efectos de red - que se producen cuando el incremento en el número de usuarios de un servicio incrementa el valor que éstos perciben en dicho servicio – permite a las empresas expandirse rápidamente e imponerse a sus competidores. Y una vez se obtiene una posición dominante, las empresas plataforma pueden aprovechar sus bases de usuarios, las ingentes cantidades de datos que van acumulando y su papel como guardianes de sus ecosistemas para adentrarse en nuevos mercados.

El riesgo es que se concentre en un puñado de empresas muy potentes la potestad de fijar las reglas del juego tanto para consumidores como para otras empresas, esta situación termine por socavar el nivel de competencia y de innovación futura del mercado, especialmente si las intervenciones antimonopolio reaccionan con excesiva lentitud, cuando la situación ya está desbocada. Autoridades a lo largo y ancho del planeta están estudiando las diferentes opciones a su alcance, pero ninguna de una manera tan activa como la Unión Europea, que durante el verano lanzó una consulta pública para introducir nuevos poderes normativos en materia de competencia y nuevas normas para aquellas empresas plataforma que además disfrutan de una posición de guardián. A finales de año se espera que se publique una primera batería de medidas concretas.

Un cuerpo normativo claro, bien diseñado para las grandes plataformas digitales ofrecería la respuesta más efectiva. Tomando como punto de partida su amplia experiencia regulatoria en otros sectores, los responsables de la elaboración de políticas tienen ante sí una gran oportunidad para atajar los problemas estructurales inherentes a los mercados digitales.

Pero para ello hará falta que concurran, al menos, tres factores. En primer lugar, que el alcance sea el adecuado, garantizando que se abarcan todas las grandes plataformas en disposición de dictar las condiciones en los mercados digitales. Las nuevas normas deberían ser de aplicación tanto para plataformas online, como tiendas online y redes sociales o de comunicación, como sobre el hardware y el software que los usuarios utilizan para acceder a los servicios, en forma de dispositivo móvil o sistema operativo.

En segundo lugar, deben establecerse normas claras desde un primer momento con respecto a los aspectos clave del acceso a las infraestructuras digitales y el control de los usuarios sobre sus datos. Los proveedores de infraestructuras digitales, como por ejemplo teléfonos inteligentes, deben garantizar que todos los desarrolladores tienen a su disposición las mismas funcionalidades. Y las plataformas deben garantizar la portabilidad de datos de todos sus usuarios, permitiéndoles transferirlos en cualquier momento con total facilidad y seguridad, para reducir los efectos de dependencia y ayudar a impulsar la innovación mediante el re-uso de los datos.

En tercer lugar, la naturaleza transfronteriza de las plataformas digitales exige coordinación en la supervisión y vigilancia del cumplimiento de la nueva normativa, evitando planteamientos fragmentados en los diferentes estados miembros de la Unión Europea.

La UE se ha erigido como uno de los grandes impulsores de este debate sobre las consecuencias del crecimiento de la economía digital y su importancia tanto para empresas como consumidores. Hoy tiene la oportunidad de introducir nuevas normas que garanticen que los mercados siguen siendo justos y crean oportunidades que permitan prosperar a todos los participantes.